Por Rubén Darío Rodríguez López (*)
Tal vez cuando se haga pública esta columna, me lloverán críticas, desmadres y hasta demandas, pero es necesario empezar a responsabilizar las profesiones que han gobernado a nuestro país, no sólo en el último siglo, sino durante toda la historia.
Pareciera que ejercer cualquiera de éstas dos profesiones fuera el único requisito para ser gobernante, ministro, director, gerente o asesor de cualquier entidad del Estado. Para no ir tan lejos, el actual presidente de la República es economista y en su gabinete recién reestructurado, 12 de sus 15 ministros, (el 80%), son abogados y economistas, 7 y 5 respectivamente, los otros tres son ingenieros; dos civiles y uno de minas y no entro a detallar en los viceministerios, institutos descentralizados, empresas de servicios, agencias, etc., porque el porcentaje estaría cerca al 100%. Esto solo en el poder ejecutivo.
Ahora, en el poder legislativo, (Senadores, representantes y diputados) también en su mayoría son abogados y economistas y en el Poder Judicial, se supone debe estar al 100% desempeñado por abogados. Como se puede ver, en Colombia hemos estado "en manos" de estas dos profesiones, principalmente.
Al buscar la definición de estas profesiones en Google, encontramos lo siguiente: "Abogado: Persona legalmente autorizada para asesorar y defender los derechos e intereses de otra persona en materia jurídica y representarla en un pleito" y para "Economista: Es un profesional cuya preparación académica le permite explicar los fenómenos económicos a través del uso de métodos y herramientas, según la escuela de pensamiento". A mi ignorante manera de ver, son profesiones específicas, pero que a través del tiempo las han convertido en profesiones generales y han atravesado el umbral de otras muchas profesiones.
Solo para dar un ejemplo, la política agropecuaria está siendo manejada por profesionales que no tienen nada que ver con el sector, el Ministro, el Viceministro de Asuntos agropecuarios, el viceministro de desarrollo rural y Agencias de desarrollo rural son Abogados, los gerentes de Corpoica y Finagro son ingenieros civiles, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia es economista y para rematar, nuestro secretario de Agricultura Departamental es economista con vasta experiencia en Invias; o el ejemplo más sorprendente es el del Ministro de Salud, que es ingeniero civil. Y así en todos los Ministerios e instituciones del Estado, en los manuales de funciones y de competencias laborales (hechos por abogados), en todos los cargos los requisitos académicos o perfiles profesionales se transcriben así: "ser profesional en derecho, economía… y en seguida nombran las profesiones específicas del sector".
Me tome la tarea de averiguar el perfil profesional para ser Ministro de Agricultura, y que sorpresa: en el manual de funciones se establece que los requisitos de estudio y experiencia son los estipulados en el artículo 207 de la C.P de 1991, que textualmente dice: "ARTICULO 207, Para ser ministro o director de departamento administrativo se requerirán las mismas calidades para ser representante a la Cámara". Seguí buscando los requisitos para ser representante a la Cámara y ¡más sorpresa! "ARTICULO 177, Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco años de edad en la fecha de la elección". Como se puede apreciar, cualquier persona mayor de 25 años puede ser Ministro. Sin más comentarios.
Desde mi punto de vista, los profesionales de estas dos facultades han desarrollado los millares de Políticas, leyes, resoluciones, decretos que han regido el desarrollo social, económico y judicial del país, durante los últimos siglos; por lo tanto, deben asumir la responsabilidad de la situación actual que estamos viviendo.
Para nadie es un secreto la crisis de la Justicia, la crisis económica, la crisis de la salud, la crisis del sector agropecuario, la crisis del área ambiental, pero sobre todo, la crisis de gobernabilidad, credibilidad y honestidad por la que están pasando nuestros gobernantes. La justicia la acomodan según su conveniencia; la economía la regulan según su conveniencia; no hay políticas de desarrollo a largo plazo, cada uno llega y hace su fiesta y así como si nada, terminan volviendo "mierda" todo lo que se le atraviese por delante. ¿Qué pensarán las Universidades que han otorgado el título a todos estos servidores públicos que hemos tenido? ¿Qué pensarán los profesores que los formaron? ¿Dónde quedó ese "Ser Humano" que se supone formaron como profesional?
Aclaro que no todos los abogados y economistas son malos profesionales, hay algunos muy buenos, pero nunca o casi nunca éstos se prestan para dirigir instituciones estatales, son prestigiosos litigantes y gerentes, pero que no se dejan tentar por el "affaire" del poder o de ser "servidores públicos" para favorecer a una mínima población, como hasta ahora ha sucedido y se mantienen defendiendo derechos fundamentales y administrando negocios desde el sector privado.
Me pregunto, ¿qué pensarían los profesionales del derecho o los economistas, si el Ministerio de justicia o de hacienda fueran dirigidos por un ingeniero agrónomo o un zootecnista?
Señores abogados y economistas, reivindiquen su profesión, si van a seguir gobernando, empiecen por cuestionarse y ajustar la formación profesional en las universidades, que por cierto, hoy reconocen que están pasando por una situación crítica, desde la perspectiva de calidad y desde la visión del desarrollo humano.
¡Muchas facultades de garaje!!!
(*) ZOOTECNISTA. ESP. ALTA GERENCIA UIS
