Por Rubén Darío Rodríguez López
La constitución política de 1.991 adoptó medidas de descentralización a través de dos objetivos principales: primero, democratizar el ejercicio del poder en las regiones, y segundo, otorgar más responsabilidades y autonomía fiscal a los entes territoriales (Departamentos y Municipios). Con lo anterior, las transferencias aumentaron hacia éstos entes, pero dependiendo de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN); se crearon nuevos recursos, a través de la cofinanciación, (hoy mermelada), se le otorgó a Bogotá un régimen especial; se creó la sobretasa a la gasolina, que hoy es un impuesto local importante y se intentó garantizar la sostenibilidad de las finanzas territoriales.
Para el Departamento Nacional de Planeación, (DNP), la descentralización es un modelo de organización del Estado para asegurar el cumplimiento de su función constitucional en el campo social, económico, cultural, así como la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, a partir del fortalecimiento del municipio como entidad fundamental de la organización político administrativa del Estado y de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos. (Pening Gaviria Jean Philippe, 2003).
En el año 1998 se presentó una crisis financiera que llevó a que el gobierno se empeñara a fondo en revertir la fórmula de las transferencias consagradas en la C.P. de 1991 y con el Acto legislativo No 01 de 2001 y la aprobación de la Ley 715 de ese mismo año, se inició un proceso de recentralización en el manejo de los recursos y se cambió el énfasis de la descentralización a través del Sistema General de Participaciones (SGP).
Para esa época, tuve la oportunidad de ser Secretario de Gobierno de San José de Miranda, y pude constatar la transformación inicial del proceso de centralización de recursos nuevamente, ya que con las reformas mencionadas, los recursos de la Salud y la Educación ya no era posible manejarlos autónomamente en el Municipio; esa fue la primera estocada que le dieron a la descentralización. Adicionalmente, el Gobierno Nacional, empezó a sufrir el famoso proceso 8.000, que trajo consigo la mayor desinstitucionalización del Estado, la mayor desacreditación y sobretodo, obligó a los congresistas, totalmente desprestigiados, a recuperar sus caudales políticos a través de los famosos "Fondos de Cofinanciación" y a asumir desde Bogotá, la asignación de proyectos y programas regionales, quitándole a los Alcaldes municipales, la autonomía en la asignación y priorización de los recursos a nivel local.
En aquella época, García Rovira contó con la fortuna que en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, entidad encargada del proceso de juzgamiento del presidente "SAMPER" por el proceso 8.000, se coló el Dr. Ciro Crispín Landínez, quien junto al representante Heyne Mogollón, repartieron recursos por todos los rincones del país. Esta provincia recibió recursos importantes, pero todos definidos desde el nivel central.
La segunda estocada a las transferencias vinieron a través de los recursos para agua potable y saneamiento básico, fue fácil promover una Ley que inventó una certificación de las Unidades de servicios públicos y obliga a los municipios a que si no tienen la capacidad de construir un acueducto, un alcantarillado, un basurero, una planta de tratamiento de residuos sólidos, etc. por si solos, entonces se le quitaban estos recursos y debería ser administrados por el Departamento a través del "Plan Departamental de Aguas", que no fue más que entregarle la plata nuevamente a los representantes y gobernadores para que a dedo, definan a quien le asignan un acueducto, un alcantarillado, etc.
Finalmente, terminaron creando empresas poderosas como la ESANT, que hoy es un fortín burocrático y financiero de los gobernadores de turno, pero que para nada cumplen con su función de apoyar y asesorar a los municipios para que certifiquen su unidad de servicios públicos, porque sencillamente no les conviene. Hasta aquí, les queda a los Alcaldes administrar la cultura, el deporte y el desarrollo rural, las vías (rurales y urbanas), con los recursos denominados de libre inversión.
Pero ahí no para todo, posteriormente y hasta la fecha, en los gobiernos de Uribe y de Santos, el poder central se metió en terrenos netamente locales, mediante los famosos subsidios, que manejados desde las entidades nacionales y otros instrumentos, refuerzan la imagen del gobierno nacional, como garante del poder territorial. Es tan chistoso esto, que en algunas regiones hay más funcionarios de la antigua Acción Social –hoy Departamento para la Prosperidad Social (DPS)-, que del mismo municipio.
Hoy, desde el escenario de asesorar los Planes de Desarrollo Territorial -a la fecha en construcción-, puedo dar fe, que definitivamente a los Municipios o mejor, a los Alcaldes, les obligan a incluir en sus planes una serie de políticas y programas definidas desde el nivel central, que suman aproximadamente 250 indicadores, –un poco menos o un poco más- para que resuelvan la problemática integral de su población. Por un lado, la Procuraduría los intimida con investigaciones si no incluyen 167 indicadores que tienen que ver con la política de Primera Infancia, Infancia y juventud, otros con indicadores de atención al Adulto Mayor, población vulnerable, discapacitados e infaliblemente, la prioridad de la atención de programas sociales debe ir dirigido a Víctimas del conflicto (desplazados, reinsertados, familiares de víctimas, etc). Otros, que el medio ambiente, que el cambio climático, que los recursos de la CAS, que la atención de desastres, que el niño, la niña, que políticas de inclusión y políticas específicas, etc.
Como se puede concluir, con los recursos que les quedan a los Alcaldes del Sistema General de Participaciones (SGP), solamente les alcanzará para ponerlos a disposición del gobierno Central y Departamental, para que complementen los programas que ya vienen definidos para esta población y a eso es lo que llaman "Gestión", que hoy por hoy, simplemente se traduce en dejar presupuesto para que las "rapiñas" del nivel central se los lleven y los devuelvan a través de "macro-licitaciones" amañadas y cargadas de corrupción y generalmente ejecutadas por fundaciones que ya todos conocemos.
Al paso que vamos, los Municipios terminarán siendo simplemente unos operadores de las tareas que les delegue el Gobierno Nacional y Departamental.
(*) ZOOTECNISTA. ESP. ALTA GERENCIA
